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Hacienda quiere controlar más a la compañía estadounidense para acabar con el descontento general

El viernes pasado se publicó el borrador del decreto que busca acrecentar el control sobre Airbnb. Se hizo desde la Dirección General de Tributos, órgano que pertenece al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En el mencionado escrito, se establece la imposición a la compañía de presentar periódicamente una declaración informativa especial, que deberá incluir la identidad de los titulares de los domicilios, los clientes alojados, el número de pernoctaciones, el precio cobrado y un número de referencia catastral. Desde el Ministerio, dirigido por Cristóbal Montoro, se argumenta que con esta medida se pretende prevenir el fraude fiscal.

 Se trata así de rebajar el fenómeno bautizado como “turismofobia”, muy frecuente las grandes urbes españolas. En Madrid y Barcelona se ha desarrollado todo un movimiento vecinal contra la planificación turísitica actual. Además, se busca paliar las críticas por parte del sector hotelero y los apartamentos turísticos, que consideran a la plataforma un foco de economía sumergida. La última crítica relevante ha sido la de Ramón Aragonés, consejero delegado de NH. “La turismofobia la han provocado los alojamientos ilegales. Es un fraude fiscal con una tolerancia difícil de entender. Hay ciudades con más oferta no regulada que regulada”, declaró en la última junta de accionistas del grupo.

Airbnb rechaza ceder los datos de sus clientes

Por otro lado, la compañía norteamericana mantiene el discurso dado hasta el momento. Desde la plataforma se ha declarado que “Los anfitriones de Airbnb desean pagar los impuestos correspondientes en España y queremos trabajar con los políticos para que el proceso sea simple y claro para todos. Por esta razón, hemos implementado una serie de herramientas que ayudan a simplificar los impuestos para los anfitriones, como recordatorios, historiales de transacciones descargables y enlaces a recomendaciones independientes sobre fiscalidad.” La consultoría EY ha sido la encargada de redactar dicha guía fiscal. En ella, se establece cómo se tributan los ingresos que derivan de alquilar a través de Airbnb. Además, han especificado cómo se debe realizar la declaración del IRPF.
Pero el punto de mayor tensión entre la compañía y el Gobierno es la identificación de los clientes. Airbnb se mantiene inamovible en su compromiso con no revelar los datos de sus clientes. La excusa dada desde el gigante norteamericano es la Directiva Comunitaria de Protección de Datos. “Ésta indica que los datos personales son aquellos que identifican a una persona y que están sujetos a leyes de protección y privacidad muy estrictas”, afirmaban las fuentes de la plataforma. Mantienen que la única forma en la que revelarán los datos será a través de la Justicia. “La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido”, han afirmado.

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